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En la especie, se efectuó un desconocimiento de operaciones determinadas, sin que las recurridas dieran tramitación al procedimiento respectivo, determinando unilateralmente que las transacciones denunciadas no se encontraban amparadas por la normativa de la ley 20.009, circunstancia que contraviene expresamente el texto legal. De este modo, los bancos recurridos no han dado cuenta del cumplimiento de las obligaciones que le impone la ley 20.009, puesto que no ha acreditado de modo alguno haber efectuado el abono aludido en la norma citada, resultando la actuación de las recurridas ilegal, al no haberse sometido al nuevo procedimiento regulado legalmente, actuar ilegal que ha ocasionado un perjuicio patrimonial a la actora afectando su garantía protegida en el artículo 19 numeral 24 de la Constitución Política de la República.