En la especie, el guardia de seguridad actuó en ejercicio del derecho que asiste a su empleador de identificar adecuadamente al personal de la administración que pretendía ingresar a un recinto especialmente protegido, derecho consagrado expresamente en el artículo 17 letra b) de la Ley N °19.880 y en concordancia con las obligaciones que impone el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias. En cambio, fue el funcionario fiscalizador quien, al negarse a exhibir su cédula de identidad que portaba, impidió el ejercicio de la fiscalización, no pudiendo…

Habiendo transcurrido el plazo legal sin que la parte ejecutada haya opuesto excepciones, los litigantes han cesado su actividad en el cuaderno de apremio por más de tres años, contados desde la presentación por la cual la ejecutante solicitó que se fijara el monto de tasación para la subasta; sin que desde entonces y dentro del referido término hayan las partes efectuado gestión útil, pese a que le asistía a la ejecutante la carga de instar por la realización de las actuaciones destinadas a obtener el cumplimiento forzado de la obligación cuyo cobro se persigue por la vía ejecutiva.

Acierta el tribunal a quo al concluir que, en la especie no se han acreditado las razones permanentes, graves, objetivas y ajenas que exhortan a la empresa a poner término al contrato de trabajo, en particular, con el actor, estimando que el proceso de reestructuración en el que se fundamenta el despido deviene en un argumento circular, en tanto dicho proceso, según las propias palabras de los testigos de la empresa, consistió únicamente en el despido del actor.

Existen antecedentes que demuestran organización y permanencia en el tiempo en el tráfico ilícito, descartando además que un imputado pueda invocar vulneraciones de derechos fundamentales que afecten a un tercero.

La información solicitada -datos bancarios para realizar el pago de las contribuciones de bienes raíces por transferencia electrónica y además información sobre dónde pagar por consignación en las dependencias de Tesorería- se encuentra sujeta a la Ley N° 20.285, Sobre Acceso a la Información Pública. De este modo, la decisión reclamada -que acogió el amparo al derecho de acceso a la información- no es ilegal ya que no obliga a la Tesorería General de la República a entregar información inexistente, el órgano sólo debe procesar la información que se encuentra en su poder y que precisamente re…