La Sala de Diputados aprobó en general el proyecto de ley que sanciona los delitos de robo, hurto y receptación de cables de telecomunicaciones. El texto, de origen en una moción de senadoras y senadores vuelve a la Comisión de Constitución para revisar diversas indicaciones presentadas.

La propuesta original del Senado plantea tres cambios en diversos artículos legales:
-Modificar el concepto de telefonía por ’telecomunicaciones, equipos e instalaciones‘.
-Aumentar la sanción en el caso que el robo provoque una interrupción de un servicio público o domiciliario.
-Aumentar la multa por receptación.

En cambio, el proyecto propuesto por Constitución, agregó en los conceptos las redes de transporte y servicios de tecnologías de la información. Además, agravantes y aumento de penalidades en la ordenanza de Aduanas, para combatir el contrabando.

Cambios en las penas
Actualmente, la pena por el delito de robo o hurto es de presidio menor en sus grados mínimo a máximo (541 días a 5 años). Pero, si con ocasión de la perpetración del delito se provoca la suspensión o afectación de un suministro público o domiciliario, la pena se aplica en su grado máximo (3 años y 1 día a 5 años).

El Senado propone incrementar esta última a presidio mayor en grado mínimo (5 años y un día a 10 años). No obstante, la Comisión de Constitución planteó mantener la actual penalidad del Código pero añadiendo agravantes.

En ese sentido, agrega como tal ejecutar el ilícito simulando ser trabajador de alguna empresa proveedora de dichos servicios o haciendo uso de información obtenida como trabajador de la misma empresa.

Contrabando
Respecto a las multas asociadas al delito de receptación, el Senado definió elevar las actuales (5 a 20 UTM) a 75 a 100 UTM.

A eso, el informe de Constitución propone castigar como autor de los delitos de robo, hurto o receptación, a quien tenga en su poder cosas que forman parte de las redes de suministro de servicios públicos o domiciliarios, y no pueda justificar su adquisición. Así como, a quien falsifique o maliciosamente haga uso de documentos falsos para obtener guías o formularios con miras a trasladar o comercializar los productos de estos ilícitos.

A esto se añade el cambio al artículo 169 de la ordenanza de Aduanas, referido a la declaración maliciosamente falsa de mercancías de exportación o que salen del país.

Hoy esto se sanciona con pena de presidio menor en su grado medio a máximo a presidio mayor en su grado mínimo cuando el valor aduanero de las mercancías supere las 150
UTM.

De este modo, se aumentarían en un grado si son chatarra de cobre, cables o equipos de telecomunicaciones, transporte de pasajeros o de tecnologías de información, si provienen de un robo o hurto.

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(Fuente: cámara)