El día de hoy, martes 4 de febrero, se realizó la votación en el Senado sobre la acusación constitucional en contra del intendente metropolitano Felipe Guevara, la cual fue rechazada por falta de quórum.
La iniciativa obtuvo 18 votos a favor, 15 votos en contra, 2 abstenciones y un pareo, con lo que no alcanzó el mínimo necesario (22 votos) para que esta fuera aprobada.
Así, el intendente se reintegra a sus funciones como autoridad regional.

Cabe recordar el libelo acusatorio contra el intendente Guevara consistía en:
Haber infringido la Constitución Política vulnerando la libertad de reunión y de expresión; y el principio de legalidad. Esto se concentra en un capítulo que deberá ser sometido a escrutinio del Senado.
Se sostiene que esta infracción se habría producido en el contexto post estallido social, el que estuvo marcado por movilizaciones pacíficas y actos vandálicos. Se asegura que tras la declaración del estado de excepción se registraron diversas vulneraciones a los derechos humanos ante el uso desproporcionado de la fuerza por parte de Carabineros.
El 28 de octubre asume Felipe Guevara como intendente metropolitano. Ese día declara que las manifestaciones son un gesto de la democracia. El 13 de diciembre, la autoridad hizo un llamado a la ciudadanía a no participar de una convocatoria en los alrededores de la plaza Baquedano debido a que la instancia no había sido autorizada e implicaba un riesgo para la seguridad.
Dado lo anterior, se asegura que vulneró la libertad de reunión (autoconvocada y sin armas) y de expresión; y las normas internacionales asociadas.
En cuanto a la forma, se le responsabilizaría de la estrategia de copamiento policial y sus consecuencias. Más de mil efectivos se posicionaron en la plaza Baquedano esos días con el fin de reprimir cualquiera movilización no autorizada. En esas condiciones, falleció Mauricio Fredes, el 27 de diciembre escapando del efectos de gases lacrimógenos.
Por todo lo anterior, los diputados acusadores solicitaban acoger el libelo, destituir a Guevara de su cargo e inhabilitarlo para ejercer cargos públicos por 5 años.

(Fuente: senado)