Si bien la autoridad administrativa puede poner término a una relación estatutaria con antelación a su fecha de término, ello debe ser conforme al propio estatuto, situación que respecto al actor no se cumple, toda vez que se hace mención a haber perdido la confianza de las actuales autoridades en circunstancias que fue contratado y tuvo la confianza de las autoridades del gobierno anterior y que el demandante no está dentro de los funcionarios de confianza que dispone el artículo 7 del Estatuto Administrativo.